Resumen: La Universidad de Chile se encuentra liderando una red internacional de investigación, cuyo objetivo es el de crear capacidades en varios estados americanos, para enfrentar el aumento de la variabilidad climática que amenaza fuertemente a la producción agrícola y a las comunidades rurales, especialmente a las que cuentan con menor acceso a la tecnología y los recursos financieros.
El calentamiento global nos irá sumiendo paulatinamente en una atmosfera más cargada de energía e inestable. Esto no solo traerá cambios en los potenciales productivos, sino que hará más difícil la gestión agrícola al aumentar el nivel de riesgos asociados a un clima más variable y agresivo. La frecuencia de elevadas temperaturas, de tormentas intensas, de vientos fuertes, de sequías, de ondas de frío, constituyen amenazas reales que recaerán con mayor fuerza en algunas regiones más vulnerables del continente.
El diseño y adecuación de las políticas públicas que le permitan a los Estados enfrentar con éxito estas amenazas, requiere de un adecuado diagnóstico de la naturaleza e intensidad de ellas, de una identificación del grado de vulnerabilidad de los actores agrícolas, de los impactos productivos que los extremos climáticos podrían tener y de las opciones técnicas para enfrentarlos con éxito.
El proyecto VACEA, financiado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, consiste precisamente en la aplicación de metodologías objetivas y transferibles, que conduzcan al mejor diagnóstico de estas dimensiones en áreas agrícolas de Canadá, Chile, Brasil, Argentina y Colombia. Muchos de los modelos que servirán como herramienta para este análisis, se han desarrollado y aplicado en Chile, en estudios que vienen desarrollándose desde los años 90 tanto para el Ministerios del Medio Ambiente como el de Agricultura.
El proyecto contempla capacitación de agentes públicos, a través de talleres donde se prepararán recursos humanos en el diseño de políticas públicas y estrategias de adaptación que incluyan un equilibrio entre acciones a nivel predial, adecuación de infraestructura productiva y diseño de políticas públicas permitan una adaptación efectiva a los nuevos escenarios, minimizando los impactos económicos y sociales.